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Prisión de hasta 20 años para servidores públicos que incurran en tortura, propuesta de diputada mor


Con el propósito de homologar el tipo penal de tortura en la entidad con las disposiciones establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la diputada de Morena Lisset Marcelino Tovar propuso en la sesión 84 del Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa que reforma el artículo 322 Bis del Código Penal de la entidad. La propuesta de la legisladora morenista considera imponer una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días multa al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas en ese artículo. Adicionalmente, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena privativa de la libertad. Asimismo, plantea que las víctimas del delito de tortura tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos y Violaciones a Derechos Humanos del estado de Hidalgo. “Al servidor público que sin tener la calidad de garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 250 a 500 días multa”, detalló Lisset Marcelino. Añadió que el estado de Hidalgo, en el ámbito de sus respectivas competencias, es responsable de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de tortura, cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la instigación, autorización o consentimiento de estos. En su exposición de motivos, la diputada por el Distrito VII Mixquiahuala señaló que homologar el tipo penal de tortura en Hidalgo, más que un acto de responsabilidad legislativa es el reconocimiento de la gravedad de las prácticas que atentan contra la dignidad del ser y que contradicen los principios básicos del Estado de Derecho y explicó que la tortura es una práctica que globalmente se reconoce como ilegítima, inefectiva y sobre todo violatoria de los derechos humanos. “Tanto la Constitución de nuestro país como sinnúmero de tratados internacionales la prohíben, en aras de proteger la dignidad del ser, pues esta es reconocida como un derecho fundamental. En ese sentido, cualquier resquicio legal, cualquier práctica o procedimiento que permita u omita el castigo a autoridades que ejerzan tratos crueles o degradantes, no nada más debe ser suprimida sino prevenida para el futuro”, apuntó. Asimismo, mencionó que actualmente el Código Penal hidalguense considera penas de tres a 12 años de prisión y multas de 200 a 500 días, privación del cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada. En cambio, la Ley General considera penas de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, en su artículo 26. En cuanto a la obligación de la denuncia, dijo, existen importantes diferencias entre el 322 Bis de nuestro Código Penal y el artículo 30 de la Ley General para funcionarios que sepan de hechos de tortura y no los denuncien: el primero establece penas de hasta tres años de prisión y de 15 a 60 días de multa. Por su parte, la Ley General considera penas de tres a seis años de prisión y de 250 a 500 días de multa

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