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ACUERDO DE ESCAZÚ, AVANCE FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIOAMBIENTALES





La presidenta  de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, informó a través de sus redes sociales que el Senado de la República aprobó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.


“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, con esta acción México se convierte en el onceavo país en ratificarlo, lo que hace posible su entrada en vigor”, señaló Perusquía.

Este Acuerdo, informó la legisladora priísta, “fue adoptado el pasado 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú en Costa Rica”.


“Es el primer acuerdo ambiental de la región de América Latina y el Caribe y el único en su tipo en el mundo, ya que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, precisó.


Pérez Perusquía explicó que “se trata del primer instrumento legal que ha emergido, hasta ahora, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)”.

“Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.

Pérez Perusquía recordó que “en el Congreso de Hidalgo, nos pronunciamos en favor de la ratificación del Acuerdo, adhiriéndonos al exhorto de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, dirigido a la Cámara de Senadores, para que implemente las acciones conducentes con el objeto de aprobar el Acuerdo de Escazú”.


“Hecho que, finalmente, se concretó el pasado 5 de noviembre con la aprobación del Senado de dicho Acuerdo”. 

Con ello, reafirmó, “nuestro país refrenda su compromiso con la protección de los derechos ambientales, impulsando la participación de la sociedad civil y fortaleciendo el acceso a la justicia, contribuyendo así a garantizar el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad” concluyó

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