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APRUEBA CONGRESO DE HIDALGO EXHORTO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN


 

 

 



•Para atender población indígena en reclusión

•El programa piloto se aplica en Chiapas y Oaxaca

▪ Defensores públicos federales actuarían en procesos locales

 

El Pleno del Congreso del estado de Hidalgo aprobó, por unanimidad, el exhorto presentado por la diputada Erika Rodríguez Hernández, dirigido al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar en Hidalgo el programa piloto para la defensa de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.

 

La propuesta de Acuerdo Económico fue turnada por la Directiva del Congreso a las Comisiones Conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia, de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y de Igualdad de Género, en dónde, después de analizar el planteamiento realizado por la legisladora priísta, coincidieron en su aprobación de manera unánime.

 

La diputada expresó “es necesario reconocer la labor y el compromiso de mis compañeras y compañeros diputados, que con prontitud y responsabilidad atendieron este exhorto que busca acercar la justicia a mujeres y personas indígenas que, por diversos motivos, no han contado con una sentencia definitiva a sus asuntos y se encuentran recluidos en algún centro penitenciario de la entidad, con escasas posibilidades para obtener una buena defensa”.

 

“El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció 5 medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas en reclusión, entre las que destaca la implementación de un programa piloto para determinar cuál es la situación de mujeres y personas indígenas en procesos locales, a través de defensores y defensoras públicas federales que acudirían en su auxilio en asuntos de índole local”, explicó la legisladora.

 

Erika Rodríguez explicó que “este programa piloto operado por el Consejo de la Judicatura Federal, ya se lleva a cabo en la Ciudad de México y está por implementarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena”, al respecto cabe mencionar que Hidalgo ocupa el 5° lugar a nivel nacional en este segmento poblacional, razón por la cual las comisiones que analizaron la propuesta encontraron viable realizar el exhorto a la instancia federal”.

 

 La legisladora del GLPRI subrayó que en Hidalgo existe una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, 333 son mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario, de los cuales 15 son mujeres y 317 son hombres.

 

De estas personas indígenas, precisó, “seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer por un delito del fuero federal; de esta misma población, son 79 los hombres procesados y 231 sentenciados por delitos del fuero común mientras que tres más están procesados y cuatro sentenciados por delitos del fuero federal”.

 

Erika Rodríguez señaló que “el exhorto no tiene otra finalidad más que la de contar con la ayuda de personas especializadas en el tema, que puedan aportar mayores y mejores elementos para la defensa de los casos que así lo ameriten”.

 

No se trata de defender a quienes son acreedores a penas justas, señaló, “sino a quienes no han sido juzgados por inconsistencias y que continúan presos o a quienes por alguna situació no cuentan con los recursos para una buena defensa”, concluyó