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APRUEBA CONGRESO EXHORTO PARA EVITAR USO ELECTORAL DE PROGRAMAS SOCIALES, EMITIDO POR PRI, PAN Y PRD




El Pleno del Congreso del estado de Hidalgo aprobó por unanimidad el acuerdo económico que exhorta a distintas autoridades para evitar el uso de programas sociales del Gobierno Federal con fines electorales y para coacción del voto.

El acuerdo, emitido por los grupos legislativos del PRI, PAN y la representación partidista del PRD, exhorta a autoridades de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como al Instituto Nacional Electoral y al IEEH , a que vigilen que durante el proceso electoral donde se elegirá gubernatura se garantice unas elecciones limpias, confiables y transparentes.

En la propuesta del acuerdo, se expuso ante el Pleno que “a pesar de nuestras diferencias ideológicas y de la pluralidad de pensamiento, damos muestra de voluntad y coincidencia para alcanzar los consensos y construir los acuerdos por el bien de nuestro estado”.

Todas las fuerzas políticas aquí representadas, se abundó en el acuerdo, se sumaron a un tema de gran relevancia para Hidalgo y su futuro político, “pues en la medida en que tengamos un proceso electoral en el marco del respeto y aplicación irrestricta de la Ley, abonaremos al fortalecimiento de nuestra democracia”.

Se explicó que este acuerdo “fue fruto del diálogo y de la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo hidalguense, un acuerdo que implica un compromiso de este Poder Legislativo, de vigilar el proceso electoral y denunciar desde esta tribuna, toda acción que contravenga la legalidad y que pretenda violentar los derechos de las y los hidalguenses”.

Así mismo, que con la aprobación de este acuerdo se envía un mensaje político de altura: “se puede coincidir cuando se pone por sobre todo interés, a nuestro Estado, es decir, el interés de Hidalgo está por encima de los intereses de políticos o de grupo”.

Este consenso es un llamado institucional a las diferentes autoridades electorales, a los partidos políticos, a las autoridades federales, estatales y municipales, a los candidatos y coaliciones, a evitar que el derecho constitucional de acceso a los programas sociales, sea objeto de coacción o condicionamiento para el voto”.