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Congreso local realiza reforma integral a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores





Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron diversas iniciativas para modificar la Ley de los Derechos de Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, las cuales tiene como objetivo, fortalecer las acciones del Estado y los municipios a ese sector de la población.


Dentro del dictamen único se consideran las iniciativas que suscribieron en distintos momentos y respectivamente, las y los diputados locales, Claudia Lilia Luna Islas, Julio Manuel Valera Piedras, Areli Rubí Miranda Ayala, Mayka Ortega Eguiluz, Miriam del Carmen Candelaria García, José Luis Espinosa Silva, Rafael Garnica Alonso, Miguel Ángel Peña Flores, Salvador Sosa Arroyo, Jorge Mayorga Olvera, María Teodora Islas Espinoza, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Asael Hernández Cerón.


En la iniciativa aprobada por las y los representantes locales, se actualiza el glosario de la ley para incorporar aspectos importantes como son la atención médica, los cuidados paliativos y la violencia contra las personas adultas mayores.


De igual forma se incorporó que en todas las instituciones públicas y privadas deban contar con los recursos humanos sensibilizados y capacitados que brinden servicios a los adultos mayores para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos.


También se sustituye el término “adultos mayores” por el término “personas adultas mayores”, para homologarlo con la legislación federal, utilizando un lenguaje incluyente con perspectiva de género, en referencia a esta reforma se determinó por parte de los Integrantes de las Comisiones que actúan, que también era necesario el cambio de denominación de la vigente Ley para denominarse “LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE HIDALGO”.


De la misma forma, se fortalecen derechos como lo son el de la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación por razones de edad, a la libre expresión, a la vida y a la dignidad en la vejez, a la educación y derechos políticos.


Asimismo, se reforma para que las personas adultas mayores obtengan los beneficios de esta Ley con tan solo acreditar la edad, mediante identificación oficial. Igualmente, que la familia de las personas adultas mayores, deba permanente velar por cada una ellas, siendo responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionarles los satisfactores necesarios para su cuidado, atención, bienestar y desarrollo integral.


Del mismo modo se incluye que el lugar idóneo para el adulto mayor es su hogar y que sólo en caso de prescripción médica, decisión personal o la falta de condiciones propicias para su atención integral en el seno familiar, su cónyuge, concubinario o familiares podrán solicitar su ingreso en alguna institución de asistencia pública o privada dedicada al cuidado de los adultos mayores, procurando en todo momento la atención de sus necesidades psicoemocionales a efecto de mantener los lazos familiares y afectivos.


Se incluyó que dentro de la política pública a favor de las personas adultas mayores, se fomente e impulse la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica; al igual que se promuevan acciones con el fin de incentivar a quienes presten servicio de transporte público y privado de pasajeros, y acondicionen sus unidades para transportar a personas adultas mayores con algún tipo de limitación física o discapacidad.


También se adiciona a las atribuciones de la Secretaría del Trabajo referidas en la citada Ley, el que promueva la contratación de adultos mayores conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente y el impulsar el desarrollo de programas de capacitación y organización de una bolsa de trabajo.


Otra de las reformas es que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, brinde los servicios de asistencia y orientación jurídica en forma gratuita, en especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria.


A las atribuciones de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial referidas en la citada Ley, se adiciona el que se instrumente y promueva en el ámbito de su competencia en coordinación con los municipios y los sectores público y privado, las políticas y programas que garanticen la ejecución de obras con los elementos constructivos y operativos que cumplan con los criterios necesarios de accesibilidad que permiten a cualquier persona adulta mayor desplazarse de manera segura, misma que será en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte.


INICIATIVAS PLANTEADAS


Durante los trabajos de la sesión ordinaria 176 de la LXIV Legislatura de Hidalgo, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de la entidad, Hernández Cerón propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo, en materia de endurecer sanciones a aquellos que conduzcan vehículos bajo los efectos de drogas o bebidas embriagantes.


“La iniciativa que hoy ponemos a su consideración, prevé sanciones apropiadas y determinantes que obliguen a los conductores a hacer conciencia sobre la responsabilidad implica la conducción de un vehículo bajo los influjos del alcohol”, manifestó Hernández Cerón durante la propuesta signada también por sus compañeras Claudia Lilia Luna Islas y María Teodora Islas Espinoza.


La legisladora local Areli Rubí Miranda Ayala planteó una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, a fin de regular que los concesionarios, permisionarios u operadores del transporte público en sus diferentes modalidades, que han sido víctimas de algún tipo de delito que causó detrimento en su patrimonio, sean apoyados por el Gobierno con algunas exenciones de pago de derechos.


“Con ello, le quitamos esta carga administrativa al transportista que ha sido víctima de delito y, por otro lado, prevenimos en beneficio del victimado, la posible emisión de una multa y mantenemos actualizados losa archivos de las autoridades de Transporte, que al fin y al cabo es lo que buscan prevenir con esta sanción impuesta en la fracción XIII del artículo 289 de la Ley de Transporte”, explicó.


La representante local, Noemí Zitle Rivas, pidió se reforme el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, a fin de contar con un censo catastral que permita no solo tener un inventario de los bienes inmuebles asentados en su territorio, así como su estado jurídico, para la planeación y ejecución de diferentes políticas públicas que permitan el desarrollo urbano.


Asimismo, ayude a determinar exactamente el costo del impuesto que debe cobrarse a cada propiedad, con el fin de asegurar los principios de equidad y proporcionalidad, para que el pago del impuesto sea justo para cada caso según sus características, respetando el valor que contiene cada bien y acrecentando la recaudación municipal. Y de esto depende directamente la forma en la que se actualiza y el porcentaje de aplicabilidad de las tablas de valor año con año.


La diputada local, Doralicia Martínez Bautista, planteó una iniciativa para modificar el Código Penal para el Estado de Hidalgo para establecer sanciones a quienes exijan el denominado “derecho de piso”, pues mencionó que se trata de una extorsión periódica, realizada a los comerciantes y empresarios para que puedan vender sus productos o realizar sus actividades, sin riesgo de sufrir asaltos, accidentes, incendios o secuestro.


“Pagar el derecho de piso, no en todos los casos, garantiza la seguridad, por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo de sufrir un daño patrimonial mayor, ya que incluso puede perder sus propiedades o negocios si resultan rentables para los delincuentes”, lamentó.


ASUNTOS GENERALES


En asuntos generales, las y el diputado, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón, propusieron al Pleno se exhorte a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que en el ámbito de sus competencias resuelva de la forma más expedita posible la situación que viven algunos concesionarios de transporte público en Tlanalapa.


También solicitaron se exhorte a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que, en cumplimiento de sus facultades y obligaciones, ordene a la mayor brevedad la elaboración de los dictámenes de viabilidad de concesiones y se proceda a la reorganización de las rutas en este y los demás municipios en Hidalgo.


La diputada local, María Corina Martínez García, pidió se exhorte a la Secretaría de Educación del Gobierno Federal para que, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, reconsidere el pago a los artistas que participaron en la convocatoria para rediseñar los Libros de Texto Gratuitos, y en subsecuentes convocatorias se garantice el pago correspondiente por los servicios prestados de los participantes.


La legisladora local, Mayka Ortega Eguiluz, solicitó se exhorte al Instituto mexicano del Seguro Social y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que cumplimenten a la mayor brevedad posible la sentencia dictada contra el IMSS en favor del sr. Alejandro Pérez Ortíz (expediente 970/16-27-01-4).


La diputada local Adela Pérez Espinoza, propuso exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a efecto de que proyecte, implemente y ejecute un plan de salud emergente en las comunidades indígenas del estado de Hidalgo a efecto de que se proporcionen los artículos de higiene y sanitarios, tales como; cubrebocas, gel antibacterial, guantes, sanitizante y demás a las y los pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo.


La representante local, Lisset Marcelino Tovar, pidió se exhorte a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, considere dentro de su agenda el presente asunto como una prioridad, y antes de que termine el tercer periodo ordinario apruebe una nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley para que las pensiones de los trabajadores que hoy se ven afectados por la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se calcule en salarios mínimos en lugar de tomar como referencia a la UMA.


Finalmente, el presidente de la directiva en turno, Felipe Ernesto Lara Carballo, dio por concluidos los trabajos y convocó a las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo para la sesión ordinaria número 177 a realizarse el jueves 15 de abril de 2021 a las 10:00 horas

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