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Promueve Raymundo Lazcano la protección del agua y el interés de los ciudadanos




Ante la eventual concesión del servicio de agua potable por parte de los 84 municipios del Estado a particulares, que puede derivar en abusos en las tarifas de cobro y cortes del servicio en contra de los ciudadanos, el diputado de Morena Raymundo Lazcano Mejía sometió a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que reforma la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo, que busca proteger este preciado líquido y el interés de toda la ciudadanía.

Entre las modificaciones que promueve, Lazcano Mejía propone establecer consulta a la ciudadanía como primer requisito para el eventual otorgamiento de concesiones a particulares; limitar el posible aumento a las tarifas considerando la inflación inmediata anterior; que los municipios, de manera individual, sean los únicos que puedan solicitar el otorgamiento de concesiones; establecer fechas exactas sobre el proceso de licitaciones.

Asimismo, plantea incluir los medios electrónicos para la publicación de convocatorias; y que todos los municipios, sin excepción, sean los responsables de llevar a cabo licitaciones, de acuerdo con su exposición de motivos.

Indicó que estas propuestas se derivan de las experiencias de algunas ciudades del país, como el caso de Puebla, en donde los ciudadanos se están organizando para detener la concesión que otorgó el gobierno municipal a un particular, de la cual se derivan incrementos de hasta el 500%, cortes sin procedimientos, negación del servicio, entre otros abusos que han generado un descontento generalizado de la población y que nos obliga a tomar precauciones.

Recordó que durante la década de 1990 comenzaron a implementarse medidas sobre la privatización de los servicios de agua potable en casi todo el mundo, siendo en el Foro en Beijing donde se le reconoció al recurso hídrico con un alto valor económico. De esta manera, dijo, se comenzaron a presentar una serie de reformas legislativas para flexibilizar la norma y permitir el uso y aprovechamiento de este recurso.

Añadió que en América Latina se dio el caso en la sobrerregulación por parte del Poder Legislativo en Cochabamba, Bolivia, en donde no solo quisieron privatizar el agua potable, sino que aspiraron a privatizar el agua de lluvia, lo que derivó en la movilización de la ciudadanía para revertir esa situación. Además, mencionó, la prestación del servicio de agua por parte del sector privado no tuvo los resultados esperados, ya que en varios países de Europa están retornando al manejo del líquido a manos del sector público.

Subrayó que Gloria Tobón Echeverri, quien es especialista en desalación, tratamiento y aprovechamiento del agua por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, señaló que para el Banco Mundial “el manejo privado del agua tiene la tasa más alta de fracaso de todas las experiencias de inversión”, además genera los índices más altos de rechazo entre la población, esto como consecuencia de que la sociedad no es considerada en el proceso.

Dijo que la activista y especialista mencionada anteriormente dio a conocer el municipio de Saltillo, Coahuila fue la primera ciudad mexicana donde el gobierno municipal entregó el servicio de agua potable a una empresa de origen español, Aguas de Barcelona (Agbar), mediante asociación mixta con el ayuntamiento en octubre de 2001.

Agregó que el resto de las entidades federativas hicieron lo propio y se realizaron las reformas pertinentes para poder otorgar las concesiones respectivas para otorgar el servicio sobre suministro del agua potable al sector privado. Por lo tanto, subrayó, surge la necesidad de modificar la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

Indicó que hoy la legislación federal y local permiten actualmente la posibilidad de otorgar concesiones para la prestación de diferentes servicios públicos como el agua, sin embargo, como representantes populares tenemos la responsabilidad de proteger este preciado recurso, así como los intereses de toda la ciudadanía.

Al ser un recurso renovable limitado, dijo, deberá reglamentarse adecuadamente con la finalidad de evitar el manejo indebido del agua y, sobre todo, aprovechar al máximo este vital líquido

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