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Propone Areli Miranda que deudores alimentarios no ingresen a Órganos de Gobierno de Entidades




Areli Rubí Miranda Ayala, diputada local, presentó una iniciativa de reforma para impedir que deudores alimentarios así como personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, de género o violencia familiar puedan ser miembros de un Organismo Descentralizado de Gobierno en Hidalgo.


Esto a través de una reforma a la fracción IV del artículo 24, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es proteger la institución más fuerte que tiene el Estado, la cual es “la familia”, así como el respeto a sus integrantes y coadyuvar en la disminución de la violencia en contra de las mujeres que durante años han sido maltratadas, abusadas y sobajadas.


En su exposición de motivos, la legisladora señaló que con este proyecto de reforma se dan paso firmes en favor de los derechos fundamentales de la familia, los menores adolescentes y las mujeres en vulnerabilidad, al realizar acciones afirmativas para avanzar en el mejoramiento y reivindicación del servicio público.


“Debemos de contribuir al profesionalización del servicio público, no únicamente a la capacidad intelectual o laboral del servidor, sino que ingresen personas con valores y convicción, que respeten los derechos de las personas y que sean el ejemplo que la ciudadanía espera de sus gobernantes”, expresó.


De igual forma, abundó que las actuaciones de los servidores públicos deben contribuir a la mejor convivencia social, a robustecer el respeto entre las personas y su convicción del servicio debe ser primordial.


“Nada de esto se puede lograr si dentro de su esfera personal y privada no promueve y practica los ideales de fraternidad, igualdad y respeto a los derechos de las niñas, niños adolecentes y mujeres, así como respetar la base de la sociedad que es la familia”, expresó Areli Rubí.


Como sustento del porque se promueve la presente iniciativa, hizo referencia a la constante violencia que se produce en los diversos centros de trabajo y que es provocada por servidores públicos de distinto nivel jerárquico a quienes no les queda claro que la violencia es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.


Finalmente, la legisladora local dejó en claro que con esta propuesta no se transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación, o el derecho a la libertad del trabajo o la reinserción social.



PROYECTO DE DECRETO


PRIMERO. Se REFORMA la fracción IV del artículo 24, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, para quedar de la forma siguiente:


Artículo 24. En ningún caso podrán ser miembros del Órgano de Gobierno del Organismo Descentralizado:


I al III. En sus Términos


IV. Las personas que hayan sido condenadas por delitos patrimoniales; por delitos contra la libertad sexual y/o delitos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, por delitos de violencia familiar de cualquiera de sus tipos y manifestaciones; por ser deudor Alimentario Moroso; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y


V. En sus Términos


TRANSITORIOS


ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.


Dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 19 días de noviembre del 2020

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