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Propone Guerrero Trejo incorporar “el 3 de 3 contra la violencia de género” en el Estado de Hidalgo




El diputado de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo planteó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para establecer como requisito indispensable para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: No ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que en consideración de las altas cifras de violencia contra las mujeres, “es una emergencia nacional que nos convoca como representantes populares a poner fin a estos delitos con políticas públicas y legislación que contrarresten estos actos, acentuados de manera significativa en las últimas décadas”.

Añadió que atendiendo a esta realidad, y encabezando una lucha a favor del reconocimiento de los derechos humanos de todas las mujeres, la organización política “Las Constituyentes CDMX Feministas” han encabezado a nivel nacional la promoción y concertación de una iniciativa muy importante y digna de observación denominada “el 3 de 3 contra la violencia de género”, la cual propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: 1. No ser deudor de pensión alimenticia, 2. No ser acosador sexual y 3. No ser agresor por razones de género.

Esta iniciativa, dijo, es producto de una lucha incansable de todas las mujeres por todas las mujeres, dirigida a fortalecer la ética de orden público para lograr la erradicación de las conductas de maltrato, agresión y acoso.

Consideró indispensable que desde la esfera pública contemos con mecanismos que garanticen un alto total a la violencia que se ejerce desde el privilegio del poder bajo esquemas patriarcales y que se fortalezca una cultura democrática paritaria, para que cada vez haya más mujeres en la esfera pública y en la toma de decisiones, y que no existan agresores en cargos de responsabilidades públicas y políticas que nos han dejado una sociedad en crisis, donde los principios éticos han colapsado generando manifestaciones de violencia, discriminación, desigualdad y ruptura del tejido social.

Es por ello, que en la presente propuesta nos ocupamos de que, a la par de cuestionar si un servidor público tiene o no conflictos de interés, antecedentes de corrupción o es observable por múltiples razones de su accionar público dentro de los estándares establecidos en el marco de la legalidad y lo “políticamente correcto”, también tengamos la garantía de que no es un deudor de pensión alimenticia, de que no es un acosador sexual o un agresor por razones de género contra las mujeres.

La iniciativa que planteamos considera que funcionarios y servidores públicos sean individuos ejemplares y congruentes, que garanticen sus acciones para combatir las manifestaciones de violencia hacia la mujer.

La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, así como para lograr implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia representativa de manera sustantiva que cuente con los mejores hombres y mujeres, mismos que coloquen en el centro de la responsabilidad pública a los derechos humanos.

Es momento de que la ciudadanía y principalmente las mujeres, cuenten en un futuro inmediato con instituciones fuertes y autoridades confiables como un acto frontal para romper el pacto patriarcal que se traduce en impunidad y replanteemos la ecuación que rige el ejercicio del poder, para lo cual se vuelve indispensable y un imperativo que todo aquel que quiera ocupar todo cargo de elección popular, todo cargo por nombramiento o designación, así como todo cargo por convocatoria o concurso cumpla con los requisitos de: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor por razones de género y no ser acosador sexual. Garantizarlo es tarea de todas y de todos

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