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Reforma al Código Penal estatal para brindar protección a activistas defensores del medio ambiente,

Actualizado: jul 22



La diputada de Morena Jazmín Calva López planteó brindar protección a las y los activistas defensores del medio ambiente, a través del establecimiento en el Código Penal estatal, de una punibilidad específica para quienes cometan delitos dolosos en contra de ellos, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el legítimo derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; se reconoce el alto riesgo e impunidad al que se enfrentan.

Actualmente -dijo la legisladora en su exposición de motivos- es incuestionable la importancia sobre el cuidado del medio ambiente, y en el marco jurídico de nuestra entidad, se han logrado importantes avances en esta materia. Sin embargo, “debemos de tener la sensibilidad de reconocer que persisten problemáticas muy profundas por atender. Tal es el caso de las y los activistas defensores del medio ambiente, con quienes estamos en deuda, y debemos de procurar su protección con nuestra legislación”.

Detalló que el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera homóloga al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, señalan que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Por lo cual, dijo, se encuentra consagrada constitucionalmente la lucha de los hidalguenses por defender medioambientalmente a nuestra entidad.

Recordó que el 6 de marzo de 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente anunció una iniciativa con el objetivo de asistir a los gobiernos para hacer frente a las amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo asesinato de defensores del medio ambiente en todo el mundo. Se expuso, señaló, que 908 personas murieron por defender al medio ambiente entre 2002 y 2013. Y solo en el año 2017 se contabilizó la muerte de 197 defensores del medio ambiente, lo que equivale a 4 por semana.

Comentó que en México, el Programa Sectorial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera entre sus estrategias prioritarias y acciones puntuales: atender la problemática sobre el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensoras y defensores ambientales, exponiendo que en todo el país hay mujeres y hombres que, desde diferentes ámbitos, resisten con dignidad y fortaleza los embates cada vez más intensos y poderosos que destruyen la diversidad biocultural.

“Se trata de numerosos luchadores ambientales, muchos de los cuáles viven amenazados o han sido asesinados por oponerse, en defensa de sus recursos comunitarios y ejidales, a los proyectos mineros, hidráulicos, turísticos, agrícolas, forestales, químicos y biotecnológicos”, subrayó Calva López.

Externó que desde 1995 un total de 147 defensores ambientales han sido asesinados: 134 hombres y 13 mujeres. Por ello, promover el acceso a la justicia ambiental y la protección de defensoras y defensores ambientales y del territorio mediante marcos normativos y procedimientos administrativos efectivos, oportunos y transparentes será una de las prioridades.

Dijo que es necesario establecer un piso mínimo para proteger a las y los activistas defensores del medio ambiente. Hago esté atento llamado para propiciar que en el Estado de Hidalgo, contemos con un marco jurídico vanguardista en temas medioambientales e impulsemos la lucha de los hidalguenses que no permiten que se vulneren sus derechos, y alzan la voz ante esta creciente problemática.

La modificación al Código Penal para el Estado de Hidalgo que promueve la legisladora morenista establece: Artículo 107 Ter.- Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún activista defensora o defensor del medio ambiente, con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, se aumentarán hasta en una tercera parte, las sanciones penales que correspondan al delito cometido, y se aumentarán hasta en una mitad, cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia

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